- El gremio que los
representa, Acodrés, seguirá insistiendo ante el Gobierno para que algunos
puntos de la iniciativa sean modificados.
A las voces que han surgido
en contra de algunos puntos de la reforma tributaria que plantea el Gobierno,
se suma ahora la posición del gremio de los restaurantes, por considerar que la
iniciativa les representa graves perjuicios.
Así lo aseguró la
presidenta ejecutiva nacional de la Asociación Colombiana de la Industria
gastronómica (Acodrés), Claudia Barreto, al explicar que, tal como está
planteado, el proyecto genera un desequilibrio económico a estos
establecimientos que tienen servicios e insumos gravados con IVA.
“Al plantearse que estos
también tienen que tener impoconsumo, y no siendo este tributo descontable, el
costo se ve afectado”, dijo la directiva al añadir que la situación se complica
aún más para cerca de 75% de restaurantes que funcionan en locales arrendados,
dado que se plantea incrementar a 19% algunos servicios como el arrendamiento.
Barreto dijo que, desde los
planteamientos de la Comisión de Expertos, Acodrés abordó al Gobierno Nacional
representado en Minhacienda, Dian y Mincomercio, para exponer la inconveniencia
que implica lo propuesto para el sector, pero los argumentos no fueron tenidos
en cuenta.
Por lo tanto, advirtió que
“insistiremos ante el Legislativo sobre esta situación, y confiamos en que el Ministerio
de Hacienda haga un análisis de las cifras y de lo que aporta el sector, y de
las consecuencias que puede generar a esta industria, que es una de las pocas
que le ha respondido al país este año con tantos cambios de las condiciones
económicas”.
A juicio de la dirigente
gremial, si bien no se puede prever si habrá cierres masivos de
establecimientos, es claro que se presentará una desaceleración que afectará
los proyectos de expansión del negocio, más teniendo en cuenta que la
recuperación de la inversión en este segmento se estima entre tres y cinco
años, y ya se habla de un cambio significativo en materia de tributación en
tres años.
Por último, hizo un llamado
para que el Gobierno redoble sus esfuerzos por controlar la informalidad y la
evasión en el sector; en tal sentido, pide que se generen opciones para que los
ilegales se incorporen a la formalidad, e igualmente se revalúe el monto a
partir del cual se sancionará a quienes evadan ($5.000 millones), dado que en
esta actividad se observan casos que involucran cifras mucho más bajas.
En medio de este panorama,
el gremio no se atreve a calcular cuánto crecerá el sector en 2016 y a corto
plazo, a la espera de lo que decida el Congreso de la República sobre el futuro
de la reforma tributaria.
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